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El Laboratorio de Políticas de Inclusión es una iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría General de Inclusión que se enmarca en las políticas públicas de apoyo a la inclusión social que acompañan al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El Laboratorio se enmarca en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), como inversión clave para fortalecer la política de inclusión en nuestro país y ha contado con una financiación de 212 millones de euros para la puesta en marcha de 34 proyectos piloto que han beneficiado a más de 76.000 personas vulnerables.
¿En qué consiste el Laboratorio de Políticas de Inclusión?
La Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV) establece la necesidad de desarrollar estrategias integrales para la inclusión que faciliten la inserción laboral y que proporcionen un impulso para que las personas salgan de la situación de pobreza.
De acuerdo con dichos principios, el Laboratorio constituye una innovación en sí misma, ya que su objetivo no es sólo el ejercicio de la inversión, sino también la generación de evidencias sobre qué funciona mejor para determinar la eficacia y viabilidad de las medidas implementadas, así como para poder orientar la toma de decisiones que se tomen a futuro en torno a las políticas públicas que persiguen la lucha contra la desigualdad y la erradicación de las situaciones de pobreza y exclusión social.
Los proyectos piloto se han llevado a cabo en colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y el tercer sector de acción social y se han evaluado de acuerdo a los más altos estándares científicos, en concreto mediante la metodología de ensayos aleatorizados.
Esta metodología, análoga a los ensayos clínicos en medicina, consiste en implementar un programa en un grupo de individuos seleccionados aleatoriamente y comparar los resultados con un grupo de control. De esta manera, se obtiene evidencia rigurosa sobre el impacto causal del programa.
Para reforzar la evaluación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estableció alianzas estratégicas con dos instituciones de reconocido prestigio internacional:
- El Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).
- El Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), este último dirigido por dos Premios Nobel de Economía.
76.000 beneficiarios
Más de 76.000 personas vulnerables (180.000 sumando a sus familiares, que han recibido en muchos casos las intervenciones) han participado en los proyectos piloto de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital.
Se estima que un 5% de las personas en situación de pobreza severa en España han participado en alguno de estos itinerarios. Este porcentaje se ha elevado hasta el 16% en algunas regiones, como Cantabria.
El 57%, mujeres con menores a su cargo
Los proyectos se han desplegado en todo el territorio nacional a través de la firma de convenios con 14 comunidades autónomas, 4 ayuntamientos y 16 entidades del Tercer Sector.
Las autonomías con mayor concentración de participantes han sido Andalucía, Cataluña, Galicia y Comunidad de Madrid.
El 57% de los participantes son mujeres y la mayoría de los hogares implicados tienen niños y niñas a cargo.
Uno de cada cuatro beneficiarios es menor de edad y la mayoría de los adultos tienen entre 30 y 65 años. El 80% de estos últimos no estaba trabajando en el momento del itinerario.
El 41% de los participantes tiene educación primaria o inferior, y el 12% ha cursado estudios superiores, lo que apunta a que cualquier persona, en algún momento de su vida, puede necesitar apoyos para fomentar la inclusión. El 16% de los participantes tenía alguna discapacidad.
En los proyectos pilotos se han atendido la mayoría de las dimensiones sociales que afectan a la inclusión, como la capacitación digital, el acceso al empleo, el refuerzo educativo, la reducción del absentismo y fracaso escolar, la salud mental o pobreza energética, entre otras.
Prioridad en el empleo
14 de los proyectos piloto puestos en marcha han estado relacionados con la búsqueda de empleo.
Los modelos de apoyo al empleo personalizado para personas en situación de sinhogarismo o con discapacidad han obtenido muy buenos resultados.
- El proyecto desarrollado por Hogar Sí ha supuesto un aumento del 77% en el número de días trabajados.
- El de Plena Inclusión ha mejorado, en un 45%, la contratación de personas con discapacidad intelectual.
Entre los proyectos que han realizado intervenciones de orientación individualizada para el empleo, destacan:
- El de la Comunidad Foral de Navarra-Servicios Sociales: se ha logrado un aumento de un 13,7% el número de días trabajados y un 132% las acciones de orientación laboral.
- La atención personalizada en Castilla-La Mancha ha incrementado la probabilidad de estar empleado en un 28%.
El segundo grupo proyectos más frecuente corresponde al acompañamiento social y acciones para reducir la brecha de cobertura de prestaciones públicas (Non Take-Up).
En este último apartado destaca el proyecto de EAPN España, donde el acompañamiento presencial ha permitido aumentar un 20% el porcentaje de solicitudes del IMV. La entidad ha acompañado en la tramitación a 2.023 personas.
Aumento del éxito educativo
Nueve de los proyectos se han enfocado en la educación, abarcando tutorías, refuerzo educativo, desarrollo de habilidades blandas o emprendimiento. Los programas de tutorías y refuerzo educativo han tenido un impacto muy positivo en las pruebas de competencias.
Destacan:
- Los resultados de la Fundación Secretariado Gitano, donde las calificaciones de estas pruebas han mejorado un 37,6%.
- El programa de tutorías de Navarra-Educación, que ha visto cómo los resultados en matemáticas han mejorado un 13,3%.
- Los menores que han participado en el programa de Save the Children también han aumentado sus resultados en pruebas estandarizadas de matemáticas y lengua en un 28% y 20%, respectivamente.
En general, en el 40% de los casos se ha incrementado el éxito educativo al combinar refuerzo educativo y tutorías.
Varios proyectos han reforzado la implicación de las familias en la educación y el proyecto piloto de Ayuda en Acción redujo en un 40% el abandono escolar.
Además, siete de los itinerarios han perseguido la mejora de las competencias digitales a través de la formación, dotación de dispositivos informáticos y ayudas a la conectividad.
La evaluación confirma que el objetivo se ha conseguido “de forma considerable”. Por ejemplo, en Principado de Asturias, la capacidad de los participantes para hacer gestiones con la Administración Pública online aumentó un 58%.
Lecciones aprendidas
La evaluación de los proyectos desarrollados en el marco del Laboratorio de Políticas de Inclusión ha arrojado una serie de resultados plasmados en el el informe “Palancas para la Inclusión. Recomendaciones del Laboratorio de Políticas de Inclusión en base a la evidencia científica”, que fue presentado el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo.
Este documento ya ha recibido el respaldo de la Comisión Europea, una felicitación por parte de Naciones Unidas y que servirá para compartir buenas prácticas en el marco del Proyecto de Capital Humano del Banco Mundial, al que España se ha adherido.
Decálogo para el éxito
El informe con las conclusiones de la evaluación de proyectos de inclusión presenta un decálogo que servirá de guía a otros organismos, ya sean estatales, autonómicos o locales, y que inspirará a otros países a diseñar y desarrollar iniciativas similares.
Las 10 recomendaciones clave para el diseño de políticas de inclusión extraídas del análisis de los proyectos son:
- Invertir en atención personalizada.
- Actuar en distintos ámbitos.
- Promocionar redes de apoyo comunitario y atención psicológica.
- Priorizar la inversión en educación como palanca para la mejora del capital humano.
- Reducir la brecha digital a través de la formación.
- Intensificar esfuerzos en la fase de captación y fidelización de proyectos.
- Estrechar la colaboración con administraciones y entidades de mayor proximidad al ciudadano.
- Reforzar los procesos de acompañamiento para superar las barreras de acceso a las prestaciones públicas.
- Potenciar metodologías de evaluación de políticas públicas.
- Reinvertir los aprendizajes acumulados para escalar las mejores prácticas.
