Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

Las medidas económicas y sociales ya adoptadas están permitiendo amortiguar el impacto inmediato de la emergencia sanitaria, pero comportan un importante coste fiscal al que se suma el derivado del ciclo, a través de los estabilizadores automáticos. El aumento del gasto público y de la deuda pública resulta inevitable y está cubierto por los mecanismos extraordinarios de flexibilidad previstos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, la sostenibilidad financiera a medio plazo requerirá, cuando se recupere un crecimiento lo suficientemente vigoroso, retomar la senda de reducción de los desequilibrios fiscales, sin poner con ello en riesgo la continuidad de las inversiones necesarias para que dicho crecimiento sea sostenible, mediante la recuperación, la transformación y resiliencia de la economía española. Igualmente, el sistema de pensiones recobrará su naturaleza de elemento central de nuestro estado de bienestar mediante la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones y asegurando su suficiencia. La lección de la anterior reforma fallida es que reformas del sistema de pensiones desequilibradas y carentes de consenso no son sostenibles en el tiempo. Por ello, bajo el mandato del Pacto de Toledo, cuyas recomendaciones se han vuelto a aprobar con amplia mayoría después de diez años, el Plan recoge la adaptación de algunos de sus elementos a las circunstancias demográficas que compartimos con el resto de países europeos de manera que se garantice su sostenibilidad fiscal durante la etapa de transición que se abre con la jubilación de la generación del baby boom.

Numerosos son los informes que señalan las carencias que el sistema fiscal español ha ido acumulando a lo largo del tiempo. España tiene una ratio ingresos/PIB inferior a la media europea, un elevado peso de la imposición sobre el trabajo y un insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental. También se ha venido señalando la baja recaudación por el IVA debido al elevado uso de tipos superreducidos y la necesidad de abordar el persistente déficit del sistema de pensiones. Finalmente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado distintas revisiones de gasto (spending reviews) entre las que destacan la relativa al amplio universo de bonificaciones y deducciones en el impuesto de sociedades, así como las relativas a los incentivos a la contratación.

La modernización del sistema fiscal requiere de un análisis profundo de las distintas figuras impositivas, del universo de bonificaciones, y de las mejores prácticas internacionales. Con el fin de analizar las distintas opciones y elevar propuestas de reforma, se establecerá inmediatamente un Grupo de Expertos para la reforma fiscal. En tanto se desarrolla este trabajo, se abordarán los siguientes componentes, orientados a ir adaptando el sistema fiscal a la realidad del siglo XXI, aumentando su progresividad y su carácter redistributivo.