Una de cada cuatro normas impulsadas por el Gobierno ha contribuido a la igualdad entre mujeres y hombres

De los datos recabados a partir de las memorias de impacto normativo en materia de género, se deduce que un total de 255 normas aprobadas entre enero de 2020 y febrero de 2023 han tenido un impacto positivo a la hora de reducir la desigualdad entre mujeres y hombres. Esto implica que una de cada cuatro normas impulsadas por el Consejo de Ministros ha sido elaborada con un enfoque feminista.

Medidas que han sido beneficiosas para toda la sociedad española, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, han supuesto un avance mayor para las mujeres. Así, un informe independiente elaborado por los agentes sociales a partir de datos del INE muestra cómo desde 2018 la brecha salarial se ha reducido casi seis puntos (del 26,5% al 20,9%). Del mismo modo, medidas como la subida de las pensiones, el aumento de las becas o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital tienen un perfil de beneficiario mayoritariamente femenino.

El balance de acción normativa del Gobierno destaca además el enfoque transversal que ha aplicado el Gobierno a la hora de impulsar las normas y acciones más relevantes de la legislatura. En este sentido, el importe consignado al Ministerio de Igualdad en los PGE-2023 ha alcanzado su cifra más alta conocida, 573M€, un 9% más que en 2022. Esta cantidad se entiende sin perjuicio de la dotación presupuestaria consignada a otras políticas que, de forma transversal, contribuyen a la igualdad de género, como se refleja a lo largo del informe.

Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dotado de hasta 140.000 millones de euros, incorpora toda una serie de medidas orientadas a elevar la tasa de empleo femenino; mejorar, fortalecer y reorganizar el sistema de cuidados de larga duración; elevar el potencial educativo; avanzar en la igualdad de oportunidades; y reducir la brecha digital. Además, el Consejo de Ministros aprobó, en su sesión del 31 de mayo de 2022, el PERTE de economía social y de los cuidados, que va a contribuir a poner en valor y reforzar políticas y actuaciones en sectores con una representación mayoritaria de mujeres.