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El Ministerio de PolÃtica Territorial ha resuelto la concesión de 149 millones de euros para subvencionar proyectos de digitalización de las entidades locales, de la convocatoria de 2022, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Esta convocatoria, para municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, diputaciones forales y provinciales, cabildos, consejos insulares, Ceuta y Melilla y comunidades autónomas uniprovinciales, inició su plazo de presentación de solicitudes en agosto pasado, en el que las entidades locales pudieron presentar sus proyectos de digitalización, destinados a acercar la Administración local a los ciudadanos y facilitar los trámites con propuestas innovadoras que mejoren la prestación de los servicios públicos, finalizando el plazo a finales de 2022.
Criterios de asignación consensuados con las EELL
Los criterios de asignación de las ayudas se consensuaron con las entidades locales, a través de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Un total de 265 ayuntamientos, con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, estaban llamados a presentar sus proyectos en esta convocatoria, asà como 60 diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o comunidades autónomas uniprovinciales.
La convocatoria que hoy se resuelve es la segunda impulsada desde el Ministerio de PolÃtica Territorial.
Hay que recordar que la convocatoria de 2021, con 92,7 millones de euros, se destinó a ayuntamientos con más de 50.000 habitantes para sus proyectos de digitalización. Y, en 2023, está prevista una tercera convocatoria para completar el presupuesto que el PRTR destina a la modernización y digitalización de las entidades locales.
Digitalización y modernización de las entidades locales
Entre las prioridades de las subvenciones presentadas para la modernización y digitalización de las entidades locales figuran la mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a ciudadanos y empresas; reducción de la brecha digital; mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos; reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas; o la utilización activa de las tecnologÃas emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).
