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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2025 (PAN 2025), que contiene todas las normas que prevé aprobar a lo largo de este año, y ha presentado el Informe Anual de Evaluación Normativa correspondiente a 2024.
El Plan, coordinado desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y en el que han participado todos los ministerios, incluye un total de 199 iniciativas (16 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos) de las cuales 20 están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 75 incorporan Derecho de la Unión Europea.
Los proyectos del PAN 2025 dan continuación al proyecto de transformación social del país puesto en marcha por el Ejecutivo, con un indudable refuerzo del Estado de Bienestar, garantizando el crecimiento económico y ampliando derechos y libertades.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la Ley de Presupuestos, la Ley Orgánica por la que el Estado asume una parte de la deuda de las comunidades autónomas, así como 9 normas previstas en el Plan de Acción por la Democracia.
Entre este último grupo, cabe subrayar la Ley Orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación; la Ley Orgánica de gobernanza democrática en los servicios digitales y los medios de comunicación; o la Ley de publicidad y comunicación institucional.
Del mismo modo, en el ámbito de la ampliación y garantía de los derechos fundamentales, destacan la Ley Orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos; la Ley Orgánica para reforzar la protección frente a la violencia de género; o la Ley Orgánica contra el racismo y la intolerancia. Y en el ámbito procesal y judicial se incorporarán normas como la Ley Orgánica de enjuiciamiento criminal o la Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal.
En el ámbito económico y de las relaciones laborales, se incluyen, por un lado, la Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA y, por otro, la Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo o la Ley de democracia en la empresa.
Por último, en el ámbito social y de protección de los consumidores, destaca la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de consumo sostenible.
