Mitma destaca el papel de los municipios para lograr una vivienda digna, asequible y eficiente y descarbonizar edificios públicos

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha presentado a los ayuntamientos los programas de impulso a la rehabilitación de edificios residenciales y públicos y de promoción de vivienda social y eficiente recogidos en el componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dedicado a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

Estas iniciativas están financiadas con 5.520 millones de euros de los fondos europeos NextGenerationEU, en las que las entidades locales tienen un lugar destacado. El acto, celebrado en Madrid, ha sido presentado por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González.

Por un lado, la estrategia para conseguir una vivienda digna, asequible y eficiente, en el marco del PRTR, se articula sobre dos pilares: el Programa de ayudas para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas, que cuenta con un presupuesto de 3.420 millones de euros, y el Programa de construcción de 20.000 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con una dotación de 1.000 millones.

Por otro lado, el Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (Pirep) tiene una dotación de 1.080 millones de euros de los que 480 millones ya se han conveniado con las ciudades y comunidades autónomas para mejorar el parque público autonómico. Los 600 millones de euros restantes se distribuirán entre las entidades locales en forma de subvenciones en concurrencia competitiva.

El ministerio abrió el pasado 12 de marzo la convocatoria de ayudas, que ha despertado un gran interés de los municipios, diputaciones, consells y cabildos, que en menos de dos semanas han enviado más de 200 consultas al buzón de atención a los potenciales beneficiarios. Estas subvenciones se destinan a financiar la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad local para que reduzcan, al menos, un 30% el consumo de energía primaria no renovable y, de forma complementaria, para que mejoren sus condiciones de habitabilidad y accesibilidad.