Transportes, Movilidad y Agenda Urbana firma siete acuerdos con Cataluña para financiar la construcción de 225 viviendas destinadas al alquiler social o asequible

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado varios acuerdos con la Generalitat de Cataluña y siete municipios de esa comunidad para financiar la construcción de 225 viviendas en edificios energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o asequible.

El ministerio aportará 7,1 millones de euros de los 34,7 millones de euros presupuestados para la ejecución de estos proyectos, divididos en nueve actuaciones, con cargo a los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los acuerdos recogen ayudas para la construcción de viviendas en siete municipios de la comunidad autónoma, que se llevarán a cabo en régimen de promoción pública o a través de distintas fórmulas de colaboración público-privada por sus respectivos ayuntamientos.

Balance de acuerdos

Las nuevas firmas elevan hasta 76 los acuerdos de este programa en Cataluña para la financiación de un total de 4.373 viviendas destinadas al alquiler social o asequible, distribuidas en 123 actuaciones dentro de 52 municipios de la comunidad, con una aportación por parte de Mitma de 137,4 millones de euros.

Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, Mitma ha trasferido ya 126,9 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Cataluña, 80,8 millones de euros en el año 2022 y 46,1 millones de euros del compromiso financiero formalizado con cargo a la anualidad del año 2023 por un importe similar al del 2022. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.

A través de este plan de ayudas, Mitma pretende financiar el incremento del parque público de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante promociones de obra nueva sobre terrenos de titularidad pública. Estas viviendas formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación. Las obras deberán estar finalizadas el 30 de junio de 2026.