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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expuesto en el Senado las líneas generales del Ministerio, donde ha reiterado la apuesta del Ejecutivo por mejorar la cohesión social y territorial, haciendo mención expresa a la necesidad de mejorar la financiación de los territorios, tanto autonómicos como locales.
También ha incidido en la necesidad de profundizar en una política tributaria progresiva que permitirá fortalecer la cohesión social y la redistribución de la riqueza.
María Jesús Montero ha apuntado como grandes prioridades de la legislatura consolidar el progreso económico y la modernización del tejido productivo, la justicia social, como garantía de la igualdad de oportunidades, de cohesión y de vertebración territorial, y la convivencia.
La vicepresidenta primera del Gobierno ha hecho un repaso de la situación económica marcada la pasada legislatura por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, que derivó en la adopción de medidas para proteger el escudo social y en la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han impactado de forma positiva en la economía española.
Para la ministra de Hacienda, el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de las inversiones y reformas, es fundamental para seguir modernizando el tejido productivo y la economía española.
Para ello se va a desplegar la segunda fase del Plan, la denominada Adenda, que permitirá conseguir ese desarrollo económico al mismo tiempo que un crecimiento “más justo, sostenible e inclusivo” desde el punto de vista económico, social y medioambiental. El impacto económico de la adenda podría aumentar el PIB hasta un 3% anual hasta 2031.
Montero ha recordado que España es uno de los países líderes en la recepción y ejecución de estos fondos europeos, de forma que, según ha apuntado, ya se han asignado más de 35.000 millones a más de 600.000 beneficiarios, entre ellos 400.000 empresas, 150.000 particulares y casi 6.000 municipios.
La vicepresidenta primera, que ha referido que el Gobierno ha solicitado el cuarto pago de 10.021 millones, ha puesto en valor el control “robusto y fiable” al que se someten estos recursos públicos procedentes de Europa.
Además, ha explicado que a partir de 2024 España presentará dos solicitudes de pago cada año, en lugar de la solicitud anual inicialmente prevista, y ha citado los cinco instrumentos financieros que se pondrán en marcha con cargo a los préstamos de la Adenda al Plan de Recuperación, por importe de 40.000 millones, para que sirva de “red de seguridad” para financiar inversiones privadas y públicas en las mejores condiciones financieras en los próximos años.
Asimismo, ha resaltado las políticas de cohesión y su importante papel en la convergencia entre regiones, de forma que, según ha explicado, se está trabajando para cerrar el programa FEDER 2014-2020 y lograr una absorción del 100%.
Para el periodo 2021-2027, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con otros departamentos, gobiernos regionales y autoridades locales, gestionará los 23.397 millones asignados a España del FEDER y los 869 millones del Fondo de Transición Justa.
Montero entiende que la coexistencia del Plan de Recuperación y el Programa FEDER 2021-2027 constituye una gran oportunidad para “generar sinergias” entre ambos.
