Cuidados e inclusión

Componente 22: Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión

Retos y objetivos

Uno de los elementos estratégicos del Plan es el refuerzo y la modernización de las políticas de cuidados y, en general, de los servicios sociales. En este marco, se refuerzan las políticas de atención a la dependencia impulsando el cambio en el modelo de cuidados de larga duración hacia una atención más centrada en la persona, e impulsando la desinstitucionalización.

La atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que permitan su plena inclusión social y laboral. Se propone un nuevo modelo de inclusión a partir del Ingreso Mínimo Vital que aborda varios retos:

i) Mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado.

ii) Fomentar la activación laboral de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, más allá de la prestación monetaria, la atención integral de las personas más vulnerables requiere de un conjunto de políticas que permitan su plena inclusión social y laboral.

iii) Evitar la “trampa de la pobreza” y fomentar la coordinación y la gobernanza entre los agentes relevantes para la política de inclusión.

El componente se focaliza también en el refuerzo de la lucha contra la violencia machista extendiendo y haciendo accesibles los servicios de atención integral. Finalmente, se propone la reforma del sistema de atención humanitaria y acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional, mediante el incremento de la capacidad y flexibilidad del sistema de acogida para ajustarla al tamaño actual de la demanda, así como reforzar la eficiencia del sistema en su dimensión prestacional.

En conjunto, estas reformas e inversiones tienen una elevada capacidad para la creación de empleos de calidad, no deslocalizables y esenciales para el aumento del bienestar de la población. Adicionalmente, dado que el sector de cuidados en España descansa en buena medida en cuidadoras no profesionales, es necesaria una fuerte inversión en formación que permita elevar la cualificación y profesionalización, contribuyendo a mejorar sus condiciones laborales y a reducir la precariedad y la economía sumergida.

Inversión total estimada

3.502,05 millones de euros (de los cuáles 2.492 millones de euros con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia)

Reformas

C22.R1

Reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración. El objetivo es mejorar el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), introduciendo reformas que simplifiquen los procedimientos y reduzcan las listas de espera, refuercen la calidad de los servicios profesionales y las condiciones laborales y aumenten la cobertura de las prestaciones. Se impulsarán cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la persona.

C22.R2

Modernizar los servicios sociales públicos y dotarlos de un nuevo marco normativo mediante la aprobación de una Ley Marco estatal. Se promoverá la innovación y la capacitación de los y las profesionales del sector, implantando un nuevo sistema de información de Servicios Sociales.

C22.R3

Aprobar una nueva ley de protección de las familias y de reconocimiento de su diversidad para proteger los diversos tipos de estructuras familiares existentes y la determinación de todas aquellas prestaciones y servicios a las que las mismas tienen derecho según sus características y niveles de ingresos.

C22.R4

Reformar el sistema de acogida humanitaria y de solicitantes de protección internacional en España. El proyecto pretende ajustar la capacidad de acogida al tamaño actual de la demanda, así como reforzar la eficiencia del sistema adaptando las prestaciones e itinerarios de acompañamiento que se ofrecen a los diferentes perfiles de solicitantes.

C22.R5

Mejorar el sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado. Las prestaciones no contributivas y asistenciales presentan un alto nivel de fragmentación en nuestro país que, en muchos casos, las vuelve ineficientes. Se propone una progresiva reorganización del conjunto de prestaciones estatales de naturaleza no contributiva para hacer el sistema más eficiente.

Inversiones

C22.I1

Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y tecnología. Se financiarán nuevos equipamientos públicos en los centros residenciales que reúnan características adecuadas para el cambio de modelo de cuidados de larga duración que se quiere impulsar. Se financiarán centros de día innovadores e integrados en la comunidad que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio, favoreciendo también su desarrollo también en áreas rurales. Se introducirán equipamientos domiciliarios que favorezcan la promoción de la autonomía personal.

C22.I2

Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia. Se implementarán programas integrales de introducción de nuevas tecnologías para la mejora de los sistemas de información y gestión de los servicios sociales. Se abordará un programa de formación dirigida a al personal técnico del Sistema Público de Servicios Sociales.

C22.I3

Plan España País Accesible. Esta inversión se centrará en mejorar la accesibilidad desde una perspectiva integral, a los diferentes servicios, edificios y equipamientos de las administraciones públicas.

C22.I4

Plan España te protege contra la violencia machista, para ampliar el ámbito subjetivo del servicio, extendiéndolo a todas las formas de violencia contra las mujeres y a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual y ampliar el recurso para incluir un servicio de orientación socio-laboral.

C22.I5

Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo para el aumento de la capacidad de acogida del sistema e incrementar la participación directa del Estado en los recursos de la red de acogida.