Resumen Consejo de Ministros: 116,5 millones de euros para investigación en áreas estratégicas y evaluación de políticas públicas

19.04.2022
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha regulado la concesión de 116,5 millones de euros en subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la puesta en marcha de cuatro Planes Complementarios de I+D+i en áreas estratégicas: agroalimentación, astrofísica y física de altas energías, materiales avanzados y biodiversidad.

Estos planes están cogobernados y cofinanciados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y las comunidades autónomas, que aportarán otros 84 millones de euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que se prevé la participación de más de 2.000 investigadores y que se generen 1.000 nuevos contratos.

"El objetivo del Gobierno es alcanzar el 3% de inversión en innovación en nuestro país en el año 2030, y las administraciones públicas se comprometen a contribuir con un 1,25%", ha afirmado.

Evaluación de las políticas públicas

El Ejecutivo ha impulsado el anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado, que contempla la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas para optimizar los procedimientos y potenciar la innovación.

El objetivo de esta nueva norma, ha dicho la portavoz, es "conocer el impacto que las políticas públicas tienen sobre los beneficiarios de las mismas y la ciudadanía en general" y así hacer "un mejor uso de los recursos públicos, de los recursos de todos y de la proyección de las políticas y de los planes a futuro".

Además, establece un enfoque transversal de evaluación para conocer el impacto de las políticas en la igualdad de género, el medio ambiente, la despoblación, el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa europea o la alineación con los objetivos de desarrollo sostenibles.

La aprobación de esta norma supone uno de los hitos incluidos en el Plan de Recuperación y ahonda en las recomendaciones efectuadas por la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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