El Gobierno aprueba la creación de la primera sociedad mercantil de terapias avanzadas con capital público-privado de España

12.03.2024
una investigadora mirando a través de un microscopio

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de la primera sociedad mercantil de terapias avanzadas con capital público-privado de España fruto de un pacto de socios que se formalizará entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de Innvierte, cuyo promotor y único accionista es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), e Insud Pharma, S.L. (“Insud Pharma”) y Laboratorios Farmacéuticos Rovi S.A. (“Rovi”).

La sociedad mercantil impulsada por el Gobierno de España contará con una participación del 51% por parte de los socios privados, Insud Pharma y Rovi, y un 49% de inversión pública, procedente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de Innvierte.

Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene previsto movilizar una aportación inicial público-privada de más de 74 millones de euros.

Innvierte aportará 36.685.000 euros y la aportación de capital privado será de 38.182.346 euros, aportada por partes iguales por los accionistas privados, Insud Pharma y Rovi, titulares cada uno de un 25,5% del capital social.

La participación pública se instrumentará a través de Innvierte Economía Sostenible, la sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado (SICC) supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyo accionista único es el CDTI.

Por su parte, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) colaborará en la aportación del conocimiento científico y participará en los órganos científico-tecnológicos de decisión de la sociedad.

Además, se prevé una aportación adicional por parte de Innvierte de hasta 71 millones de euros, de modo que la nueva sociedad podría movilizar hasta 220 millones de euros, con una aportación pública total de 107 millones de euros.

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