El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), ha formalizado hoy en Lleida una adenda al convenio de colaboración con varias comunidades de regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Las actuaciones van a contar con una financiación de 20.715.000 euros (IVA no incluido) para modernizar regadíos en los municipios de Fraga (Huesca), Aitona y Serós (Lleida), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) Fase II.
El “Proyecto de modernización integral de las comunidades de regantes de Vincamet-Vilaró, Litera-Persio, Serós, Litera-Vincamet y Serrabrisa Montfret, en los términos municipales de Fraga, Aitona y Serós” tiene por objeto renovar la actual red de acequias de tierra y hormigón por un sistema de riego de tubería a presión que reducirá las pérdidas y permitirá a los usuarios regar sin necesidad de bombeos.
Esta modernización contempla la ejecución de una balsa de regulación de caudales y una tubería de abastecimiento al Canal de Aragón y Cataluña, que alcanza las cabeceras de las redes de riego de las cinco comunidades de regantes que forman parte de la actuación, lo que dotará al sistema de presión natural.
El proyecto incluye también la construcción de redes de distribución de riego hasta las parcelas y la instalación del equipamiento necesario para la automatización integral de la zona regable, con telecontrol incluido.
Las nuevas infraestructuras beneficiarán a 324 regantes que cultivan 2.359 hectáreas.
La adenda firmada hoy ha posibilitado que el proyecto, que contaba con un presupuesto inicial de 17.115.253,85 euros (IVA no incluido) pueda contar ahora con otros 3.599.746,15 euros (IVA no incluido), hasta los 20.715.000 euros (IVA no incluido), para hacer frente al incremento de los precios derivados de la situación de los mercados y el aumento generalizado de los costes de las materias primas y materiales en el último año.
La actuación está cofinanciada por fondos Next Generation de la Unión Europea y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80 % del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes y usuarios objeto de la actuación, aportarán el resto. Las obras deberán estar terminadas en 2026.